Prórroga medidas sociales y económicas hasta 2026 con la aprobación del Real Decreto-ley 16/2025
El reciente anuncio del Gobierno sobre la prórroga de medidas sociales y económicas hasta el año 2026 es un paso significativo en la respuesta a la vulnerabilidad social y económica que afecta a diversos sectores de la población. Este desarrollo se formaliza a través del Real Decreto-ley 16/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que establece disposiciones urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.
Aprobación del Real Decreto-ley 16/2025
El Real Decreto-ley 16/2025, fechado el 23 de diciembre, tiene como objetivo la extensión de ciertas medidas que han sido implementadas desde 2022. Estas medidas buscan mitigar los efectos adversos provocados por conflictos internacionales y la inflación en la economía española.
Contexto económico y justificación normativa
El Gobierno justifica la aprobación de este decreto en la persistencia de circunstancias que, aunque han mostrado cierta mejora desde los momentos más críticos de la crisis inflacionaria, siguen impactando a grupos vulnerables. La parte expositiva del decreto señala que, a pesar de la moderación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), existen hogares que enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas como la vivienda, la energía y la alimentación. Esta situación se considera suficiente para cumplir con el requisito de “extraordinaria y urgente necesidad” estipulado en el artículo 86 de la Constitución Española.
Medidas en materia de vivienda y energía
Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en casos de vulnerabilidad. Esta medida, que fue introducida inicialmente durante la pandemia, ha sido extendida para seguir protegiendo a quienes se encuentran en situaciones críticas. Además, se mantiene la opción de compensación económica para los arrendadores afectados, de acuerdo con la normativa vigente.
En el sector energético, el decreto-ley amplía los descuentos extraordinarios del bono social y garantiza el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, severamente vulnerables o en riesgo de exclusión social. Estas acciones están respaldadas por la evaluación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, la cual, aunque reconoce avances, también señala la continuidad de dificultades estructurales.
Pensiones, empleo y fiscalidad
El decreto aborda la revalorización de pensiones y otras prestaciones públicas para el año 2026, estableciendo un incremento del 2,7 % en función de la evolución media del IPC. Esta actualización se realiza a través de un real decreto-ley, en virtud de la prórroga presupuestaria, en conformidad con la doctrina constitucional y del Consejo de Estado.
En el ámbito laboral, se prorroga de manera temporal la vigencia del salario mínimo interprofesional de 2025 hasta que se apruebe el correspondiente para 2026, con el fin de evitar vacíos normativos. Asimismo, se mantienen ciertas medidas tributarias, como incentivos fiscales y límites aplicables a pequeños autónomos, con el propósito de asegurar la estabilidad del marco fiscal.